Reafirmado ayer en el sillón del Ministerio de Hacienda, Joaquim Levy, el economista formado en la escuela de Chicago, tenía razones para congratularse con el golpe que pegó la calificadora de riesgo S&P. Al bajarle el rating a Brasil, y colocarlo entre los pagadores dudosos, la agencia reubicó al ministro en el centro de las decisiones sobre la economía. Su permanencia había estado en duda desde hace dos semanas, cuando el gobierno presentó un presupuesto para 2016 con déficit y no superávit. El episodio pintó las grandes diferencias en el gabinete presidencial. Dilma Rousseff se rehusaba a cortar los gastos que restringieran los programas sociales que distinguieron su primer mandato y las dos gestiones de su antecesor Lula da Silva. Confiaba que con la transparencia presupuestaria podría conseguir que el Congreso votara alícuotas impositivas y nuevos gravámenes para compensar la parte que faltaba para cubrir los gastos. Pero el Congreso manejado por el diputado Eduardo Cunha, un oficialista devenido duro opositor sin cambiar de bando, le avisó que no había chance de aprobar una mayor carga tributaria. “El gobierno está en proceso de autodestrucción”, dijo el legislador, que preside Diputados y está acusado de corrupción. Sus declaraciones, festejadas por la oposición, precedieron la nota de S&P. Obvio: si el Parlamento entraba en disonancia con la presidencia del país poco se podría hacer para remontar el déficit del año próximo. Podría pensarse entonces en una eventual concatenación de hechos. Muchos economistas sostienen que no hay razones para la decisión de la agencia. Dan su sentencia sobre la “salud macroeconómica” de Brasil. Por empezar, el país tiene reservas cambiarias del orden de US$370.000 millones. Y recuerdan un dato: según el Banco Central, en agosto entraron US$4.200 millones más de los que salieron. Esa diferencia se explica por la tasa de interés de 14,5% que crea un fuerte atractivo a los capitales especulativos. Pero también pone en evidencia que si hubiera tanta desconfianza, saldrían mucho más de los que entran. Deducen, por consiguiente, que nada justificaría el alarmismo demostrado por la calificadora, a menos que detrás de esa decisión haya otros objetivos. Se explica así la “sorpresa” que generó esa medida el miércoles entre renombrados economistas de la oposición. Luiz Carlos Mendonza de Barros, ex ministro de Comunicaciones de Fernando Henrique Cardoso, sostuvo: “No esperaba eso para ahora. El gobierno estaba trabajando para ajustar lo fiscal”. Aunque señaló luego que el problema de esa búsqueda es que “estaba un poco caótica”. Interrogado sobre cuáles serían las repercusiones, el ex funcionario recordó que no alcanza con una calificación de una de las agencias. Para que la mala nota tenga efecto se precisan dos. Es precisamente eso lo que descartó el ministro Levy en su conferencia de prensa de ayer.

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