Dilma Rousseff garantizaba ayer: “No voy a dejar que me aterroricen”. Se refería a la sucesión de hechos que este miércoles, en un único día, aumentaron de forma exponencial las incertidumbres en las que navega su gobierno. Prometió, como lo exige el protocolo propio de esta circunstancia, que enfrentará los problemas “con humildad, pero también con firmeza”. Utilizó también otras consignas: “Coraje y determinación”. Y apostó a una convocatoria de “lo mejor” del espíritu brasileño: “Somos un pueblo con el optimismo enraizado en el alma. Juntos somos imbatibles”. Discursos emotivos poco tienen que ver con la racionalidad –o irracionalidad—de la política. Hay un momento en que, sencillamente, no tienen impacto. Este es uno de ellos: lo que los brasileños esperan es algo más que palabras de efecto. Aguardan alguien que dé explicaciones claras sobre qué vendrá en el futuro. Por el momento, la presidente tiene poco y nada para ofrecer, salvo ajuste y ajuste, que es lo que proclama su ministro de Hacienda, Joaquim Levy.

No cabe duda que las iniciativas de la oposición tienen como destino el fracaso. Lo dijeron los analistas más adversos al gobierno de Rousseff. A los opositores no les asiste legitimidad constitucional. Parte por parte: la derrota de ayer del oficialismo en el Congreso fue por una razón penosa. Ocurre que la oposición y los “oficialistas” devenidos opositores pretenden consagrar una medida siniestra: el aumento de hasta 75% en los salarios del sistema judicial. Dilma vetó la resolución.

La razón es muy simple: significaría un gasto de nada menos que 7.000 millones de dólares en los

próximos tres años. Apenas para reajustar las remuneraciones de empleados y de la jerarquía que hoy tienen como básico absoluto 1.500 dólares. De lejos, es el sector mejor pago de todo el país, más incluso que los trabajadores petroleros, que actúan en un sector económicamente sensible. No basta con eso: ayer mismo, en medio del temblor político del país, de buenas a primeras fue aprobado por los parlamentarios un ajuste de nada menos que 16,5% para los jueces. Eleva el salario del sector sencillamente a 10.000 dólares (125.000 pesos al cambio oficial en la Argentina). Entre tanto, las remuneraciones de la presidenta brasileña y sus ministros quedarán bien abajo. Inclusive, porque la jefa de Estado decidió reducir en 10% los emolumentos recibidos por ella y sus colaboradores. ¿Qué indujo al desatino? Es muy simple: la Corte Suprema decide la vida y obra de los parlamentarios acusados de corrupción. Es ese organismo el que impone el juicio y la prisión, aún cuando los colegas de legisladores procesados no admitan anularles el cargo. Es, si se quiere, una ofrenda al Dios supremo de la justicia.

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