El portazo del Parlamento al plan de ajuste se sumó a dos fallos que ordenan investigar si hubo corrupción en su campaña, y las cifras de su primer gobierno.

Mientras la Justicia avanza en la investigación sobre corrupción en la campaña electoral, el Parlamento le pegó un durísimo golpe: enojados porque les vetó una suba de 35% en los salarios, los legisladores no dieron quórum para tratar el plan de ajuste. Ayer, mientras la presidenta Dilma Rousseff afirmaba en una entrevista radial: “Veo la luz al final del túnel”, tres acontecimientos sucesivos demostraron que la calma avizorada por el gobierno brasileño está bien distante de ser alcanzada. A la jefa de Estado le esperan días azarosos: por el mediodía el Congreso le asestó un nuevo golpe, al no votar medidas de impacto fiscal por “falta de quórum”.

A ese grave traspié se sumo el hecho de que fueron abiertos dos procedimientos que podrían, eventualmente, desembocar o en una anulación del mandato de Rousseff y su vice Michel Temer, o en un juicio político tal como demandan los mayores adversarios políticos de la mandataria.

De lado de la oposición las cosas no fueron mejor. Ayer, los procuradores brasileños recibieron de la Justicia de Suiza documentos que prueban que el presidente de Diputados Eduardo Cunha –hoy enrolado en las filas de adversarios de Dilma— tiene, efectivamente, cuatro cuentas en el exterior donde recibió coimas de operadores vinculados al caso Petrobras. Son 5 millones de dólares y aun cuando partir de ahora, su permanencia en el cargo se torna insostenible, pasarán varias sesiones del Parlamento antes que se efectivice su alejamiento. Especialmente luego de las declaraciones del legislador: “No existe la hipótesis de mi renuncia”.

En este festival de acciones judiciales nada ocurre por obra de la casualidad. Hay sectores de la oposición, especialmente los vinculados al ex candidato presidencial por el Partido Socialdemócrata (PSDB) Aécio Neves, (es el partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso) que desde hace tiempo buscan una causa para derribar a la presidenta que asumió el 1 de enero pasado.

Ayer acabaron de lograr lo que sería, para ellos, un principio de investigación que daría razones para la supuesta impugnación del mandato de Dilma y su vice. El Superior Tribunal Electoral, que en diciembre aprobó la rendición contable de la campaña de Rousseff, halla ahora que es preciso revisarlas para diagnosticar si las donaciones legales realizadas por las empresas procedieron de dineros legales o de aquellos procedentes de ventajas ilícitas en licitaciones de la petrolera estatal.

En simultáneo ayer el Tribunal de Cuentas de la Unión, que depende del Congreso, inició una deliberación sobre el manejo “a discreción” de las cuentas públicas en el primer mandato de Dilma, por presunta violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Tales maniobras fueron aplicadas por todos y cada uno de los

gobiernos que se sucedieron desde que fue incluida la primera administración de Fernando Henrique

Cardoso. Por empezar el propio ex presidente hizo “trampas” a la ley sin que nadie lo cuestionara; otro tanto ocurrió con Luiz Inácio Lula da Silva, el líder del PT.

Lo cierto es que ahora, enfervorizados por su vehemencia por llegar a la presidencia de Brasil sea por

el medio que fuere, los opositores lograron que el TCU “rechace” la primera gestión de la jefa de Estado. Esto daría, supuestamente, argumentos para pedir el juicio político.

La oposición busca que el rechazo judicial a la primera gestión de Dilma active las herramientas para poner en marcha el juicio político.[clear]

La misma intención aparece con los cargos de corrupción en la campaña. Pero los juristas ponen en duda que puedan llevar a proceso a la presidente.

Sin embargo, nada de esto deja de ser un artilugio propagandístico, con pocas chances de convertirse en realidad. Salvo, claro está, que Dilma renuncie por hartazgo, lo que a priori parece impensable en una figura presidencial.

Un eminente jurista brasileño, considerado un pope en estas tierras y conocido además a nivel internacional, sostuvo que ninguna de las alternativas es viable, si los actores se ajustan a la letra de la Constitución brasileña sancionada en 1988 y que sigue en plena vigencia. Se trata de Dalmo de Abreu Dallari, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo (USP), un título que se le concede a muy pocos. Este jurista afirmó que, de acuerdo con la letra de la Constitución, “el Supremo Tribunal Electoral no tiene competencia para decidir la anulación del mandato”. La otra “iniciativa”, la del Tribunal de Cuentas de la Unión, tampoco tiene viabilidad constitucional: “La Constitución establece en forma clara y absoluta que el presidente de la República, en vigencia de su mandato, no puede ser responsabilizado por actos ajenos al ejercicio actual de sus funciones”.

De tal suerte que las maniobras fiscales tienen pocas chances de convertirse en el eje de un pedido de juicio político. Todo esto, sin embargo, recrea las condiciones de inestabilidad que terminan por influir en los mercados. Como era de prever, el dólar trepó ayer 2,47%, después de protagonizar bajas sucesivas la semana pasada.

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