Fue ante el Tribunal de Brasilia pese a que el ex mandatario está preso luego de ser condenado en una causa por corrupción. Lo acompañaron miles de simpatizantes.

Finalmente, llegó el “Día D” del Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó Brasil durante 15 años y medio. La organización entró en el recinto del Tribunal Superior Electoral y registró este miércoles la fórmula Lula da Silva-Fernando Haddad como candidatos a presidente y vice en las elecciones del 7 de octubre próximo. No deja de ser una de aquellas originalidades con las que suele sorprender el país de tanto en tanto.

Esta vez, lo novedoso y desafiante es que el postulante al cargo máximo es un ex jefe de Estado, preso desde el 7 de abril último por el caso de un departamento de su presunta propiedad adquirido en forma non sancta. Eso le valió dos sentencias condenatorias: una de primera instancia, emitida por el juez de Curitiba Sergio Moro, y otra de segunda instancia resuelta por un tribunal federal de Porto Alegre.

Por otra de esas peculiaridades brasileñas, el ex mandatario fue anotado como un aspirante libre de toda sospecha de delito. Hay una explicación: Lula tiene su domicilio en San Pablo donde carece de antecedentes. En las calles de la Explanada de los Ministerios, que da acceso al mundo político gubernamental, millares de brasileños de los movimientos sociales y sindicales marcharon encolumnados junto a los dirigentes del PT con la consigna: “Lula libre”.

La manifestación debió detenerse sin embargo a unos 300 metros del palacio que alberga a los jueces electorales. Varias centenas de policías federales -se dijo que eran más de mil- formaban una barrera infranqueable.

Integrantes del Movimiento Sin Tierras (MST) apoyaron la postulación de Lula da Silva en Brasil. EFE

En la práctica, al no incluir su “pasado penal”, la candidatura de Lula se encuadra en principio dentro de la ley de “ficha limpia”.Los abogados defensores del ex presidente dijeron que esa formalidad fue adoptada en “total correspondencia” con la ley que estableció las limitaciones de un individuo para postularse a un cargo electivo. La estrategia adoptada por la cúpula petista, de imponer a Lula como postulante a un nuevo período presidencial, permitirá extender su permanencia en el juego al menos hasta la primera semana de septiembre. Es que el rechazo a la candidatura debe ser decidido por la corte electoral, en un procedimiento que podría extenderse aún más tiempo si los abogados de Lula decidan apelar ante la Corte Suprema. Es ese máximo organismo judicial el que tendrá la última palabra.

Renglón aparte, el ex sindicalista declaró que su patrimonio asciende a algo más de 2 millones de dólares. El lunes último, Lula divulgó un nuevo comunicado desde su celda, donde afirmó: “Sólo no seré candidato si muero o soy arrancado por la Justicia Electoral. No pretendo morir, ni me imagino una renuncia. Voy a luchar hasta el final por el registro de mi postulación”.

Nuevas encuestas indican que el ex jefe de Estado conserva su liderazgo frente a los otros candidatos. Posee una fortuna en intenciones de voto: 30,8%; contra 22% de Bolsonaro, 8,1% de Marina Silva y 6,6% de Geraldo Alckmin. Un dato curioso es que 64% de los encuestados opinó que la aspiración de Lula será impugnada; 30,4% afirmó que tendrá chances de continuar.

Su compañero de fórmula es el ex ministro de Educación y profesor universitario Fernando Haddad. Es la alternativa que tiene el PT para la sustitución del ex presidente preso. Y es también quien deberá aparecer en los debates en representación de Lula, a quien la justicia de Curitiba le prohibió realizar spots publicitarios y participar de la campaña electoral a través de imágenes. La campaña empieza precisamente este jueves.

Lo cierto es que mientras la ley de ficha limpia provoca incertidumbres políticas, siguen las investigaciones judiciales sobre otros candidatos. Es el caso del socialdemócrata Alckmin, que este miércoles debió declarar ante la justicia por un “delito administrativo”. Se refiere a la sospecha de que utilizó recursos no declarados por 5 millones de dólares en su campaña de reelección como gobernador de San Pablo. La investigación se basa en que tres delatores de Odebrecht admitieron que habían aportado a esa campaña en 2014 al entregar dinero al cuñado de Alckmin y a su ex tesorero. En el caso del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, paladín de la anticorrupción, se acaba de descubrir que este legislador utilizaba recursos públicos de la Cámara Baja para pagar el salario de la ama de llaves de su hacienda en el interior brasileño.

El aspirante, que acumula 20% de las intenciones de voto, confirmó que la mujer figuraba como asesora en el Parlamento y dijo que eso no constituye un delito. Pese a que reconoció la “irregularidad”, la justicia no tiene en sus manos ningún pedido de anulación de su candidatura. Y eso se debe a que Bolsonaro no cuenta con el antecedente de un juicio condenatorio.

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