Espionaje en Brasil el ADN del autoritarismo

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Espionaje en Brasil el adn del autoritarismo
Foto: Reproducción

La Secretaría de Operaciones Integradas, que depende del ministro de Justicia André Mendonça, espió a funcionarios e intelectuales brasileños que se manifiestan contra el fascismo. Así lo reveló el diario Folha de Sao Paulo

Por Eleonora Gosman – San Pablo

El espionaje es parte esencial en el ADN de los regnmenes autoritarios. Y Jair Bolsonaro lo lleva impreso en su accionar político. El Ministerio de Justicia de Brasil desencadenó, en junio, una operación para averiguar vida y obra de casi 600 funcionarios, tanto de su gobierno como de los estados provinciales, que forman parte de un “Movimiento Antifascista”. Entre los perjudicados por ese fisgoneo, hay profesores universitarios muy conocidos: uno es el ex secretario de Seguridad del primer gobierno de Lula da Silva, Luiz Eduardo Soares; él es coautor del libro Tropa de Elite, que fue la base del guión de la película homónima.

Otro de los vigilados es el ex secretario de Derechos Humanos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso: Paulo Sergio Pinheiro. Se trata de una personalidad, que desde 2011 preside la Comisión Internacional de Investigación de las Naciones Unidas para Siria. Y además fue integrante de la Comisión Arns que investigó los casos de tortura y muertes durante la dictadura militar (1964-1985).

La punta del ovillo de esta historia, publicada por el diario Folha de Sao Paulo, está identificada. Quién ordenó acechar a los integrantes del movimiento contra el fascismo fue el ministro de Justicia bolsonarista André Luiz Mendonça; este abogado pasó a comandar esa cartera luego de la renuncia del ex ministro Sergio Moro el 22 de abril último.

El flamante funcionario, que llevaba poco más de un mes en el comando de Justicia, ordenó el operativo la primera semana de junio. Las averiguaciones de sus subordinados abarcaron, también, a más de 500 miembros de fuerzas de seguridad federales y de los estados provinciales.

Las tareas de espionaje fueron realizadas por un organismo dependiente de Mendonça: la Secretaría de Operaciones Integradas (SEOPI). La creación de esa secretaría fue impulsada por decreto firmado por Bolsonaro el 1º de enero de 2019, es decir, el mismo día que asumió la presidencia. Como advierte el diario Folha, la medida del recién estrenado jefe del Planalto pasó desapercibida. Y es gracias a esa norma que, ese organismo (Seopi) tiene la capacidad para actuar como un “servicio de inteligencia”. No solo eso: sus investigaciones no requieren de jueces que ordenen y acompañen los procedimientos.

¿Qué instigó a Bolsonaro a activar la Seopi en junio último, luego que ésta permaneciera en stand by desde enero del año pasado? Fue precisamente el impacto desestabilizador vivido por el jefe de Estado, luego de las renuncias de dos ministros claves: Moro y el de Salud, Luiz Henrique Mandetta.

A fines de mayo último tuvieron lugar varias manifestaciones contra el gobierno bolsonarista. El 31 de ese mes, el presidente brasileño llegó a referirse a esas movilizaciones como protagonizadas por “marginales y terroristas”. El 5 de junio, fue publicado un documento que desataría las iras presidenciales: Policías Antifascistas en Defensa de la Democracia Popular. Fue firmado 503 miembros de esas fuerzas, en actividad y retirados.

Una semana después, la Seopi se estrenaba con un informe: “Acciones de Grupos Antifas y Policías Antifascismo”. En el dossier figuraban nombre, fotografías y redes sociales de los monitoreados. En ese informe se asegura que “algunos policías formadores de opinión, que presentan un número elevado de seguidores en sus redes, diseminan símbolos e ideología antifascista”.

El pronunciamiento de ese medio millar de policías no dejó lugar a dudas. Luego de subrayar su carácter supra partidario, denunció la existencia de “un proyecto de neutralización de los movimientos populares de resistencia”, un plan montado por “una estructura de “operadores del poder”. Entre tales operadores menciona a diputados, fiscales y jueces. Afirma, también, que “la estrategia de avance del proyecto fascista en el país es amplia. Moviliza la intolerancia y el odio en las calles y en las instituciones de la República”. Con contundencia, dice que “una simple mirada sobre la pieza de investigación hace recordar a los peores momentos de los años de plomo” de la dictadura.

Desde luego, esta denuncia impactó en organizaciones de profesionales vinculados a la justicia. Es el caso del Foro Brasileño de Seguridad Pública, que sostuvo que el espionaje Seopi, “es una medida arbitraria, que remite a los tiempos de la dictadura militar”. Argumentó que el objetivo de ese organismo es claro: “Intimidar al personal de la seguridad pública que se posicionaron contra las incontables acciones y declaraciones beligerantes del presidente de la República”.

La Orden de Abogados de Brasil (el colegio profesional) cuestionó la constitucionalidad de ese espionaje, que fue facilitado por un decreto de Bolsonaro. Especialmente porque se basó en la supervivencia de una ley del régimen militar: la Ley de Seguridad Nacional. Todavía existe y la OAB pedirá al Supremo Tribunal Federal (la Corte) que la derogue. “Esa norma es un resquicio de la dictadura y no guarda relación ni compatibilidad con la Constitución de 1988”.

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