La UE denunció ante la OMC que las eximiciones de impuestos a sectores fabriles son ilegales. Con la reducción de impuestos, Dilma busca apuntalar al sector automotor.

La Unión Europea denunció a Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por conceder subsidios “ilegales” a sectores fabriles, especialmente la industria automotriz. Considera que las eximiciones tributarias que benefician a ese segmento de la producción es discriminatorio respecto de los bienes importados. Aun cuando el eje son los automóviles, la demanda incluye también smartphones y computadores.

La decisión fue una de las últimas adoptadas por la ex conducción de la Comisión Europea, que hasta ayer presidía el portugués José Manuel Durao Barroso, reemplazado a partir de hoy por el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

El canciller brasileño, Luis Alberto Figueiredo, quien debe continuar en el próximo gabinete ministerial de Dilma Rousseff, señaló ayer que “el régimen (para la industria de autos) es perfectamente compatible con la OMC. Y se lo vamos a demostrar a los europeos en el panel”.

La UE cuestionó, especialmente, el programa “innovar-auto” que comenzó a regir en enero de 2013 y se extenderá hasta 2017. Consiste en reducir en 30% el impuesto a productos industrializados ( IPI) para las empresas introduzcan innovaciones que representan un ahorro de combustible, además de aumentar el componente nacional en la fabricación de vehículos.

Con esta estrategia, la presidenta Rousseff buscó apuntalar el crecimiento de ese sector manufacturero, una de las mayores fuentes de inversiones y generación de empleo en Brasil.

Para los europeos, este es un punto nodal: “Brasil recurrió a ese régimen fiscal de manera incompatible con las obligaciones ante la OMC, al conceder ventajas a las industrias nacionales y protegerlas de la competencia”, rezaba el comunicado de la CE. Se señaló también que las medidas perjudicarían a los consumidores brasileños que “se ven afectados por precios más elevados, por una oferta limitada y un acceso restringido a las innovaciones”.

El conflicto comercial viene desde diciembre del año pasado, cuando los europeos pidieron consultas acerca de las medidas fiscales que ellos entendían “discriminatorias” contra los productos extranjeros. Pero esas tratativas previas no prosperaron.

En base a esas consideraciones, la autoridades de la Comisión Europea solicitaron al organismo el establecimiento de un panel que juzgue y se pronuncie sobre la demanda. No dejó de señalar, sin embargo, que sus objetivos son “constructivos” y que en nada afecta a las negociaciones para una zona de libre comercio entre la UE y el Mercosur, que debería en principio concluir en un tratado a fin de este año.

Para el ministro Figueiredo, esta presentación europea “no debe causar extrañeza”. Negó también que esto pueda ocasionar algún inconveniente en las gestiones para el libre comercio entre el bloque sudamericano y la UE. “Son asuntos diferentes” subrayó.

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