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De San Pablo (Eleonora Gosman)

El miércoles 16 de octubre, el presidente Jair Bolsonaro recibió en su despacho del Palacio del Planalto a tres de los once jueces del Supremo Tribunal Federal. La primera audiencia fue con el titular de la Corte, Antonio Dias Toffoli y con Alexandre de Moraes, ministro de ese máximo tribunal judicial. Luego de esa reunión, el jefe de Estado brasileño recibió a otro magistrado: Gilmar Mendes. Las citas figuraban en la agenda presidencial, pero el contenido fue celosamente resguardado.

Tanto que el portavoz presidencial, el general Otávio Rego Barros, indicó que Bolsonaro no haría ningún comentario sobre el tenor de esos encuentros: “No es el caso. Es una decisión personal del presidente comentar o no”, abundó. El día siguiente, jueves 17, en el Twitter de Jair Bolsonaro se publicaba un mensaje del jefe de Estado. Decía: “Somos favorables a la prisión después de la condena en segunda instancia”. Ese día, el Supremo Tribunal Federal daba inicio a la votación para derogar esa resolución, una norma que el mismo cuerpo judicial había instaurado en 2016.

El tuit presidencial, sin embargo, fue rápidamente borrado. Y Carlos, concejal de Río de Janeiro e hijo del gobernante, asumió la responsabilidad. “Fui yo quien escribió ese Twitter sobre la segunda instancia, y lo hice sin la autorización del presidente. Por favor, pido disculpas a todos. La intención no fue atacar a nadie”, reconoció.

Esta secuencia permite entender cuál fue el tema y el tono de la conversación del jefe de Estado con los jueces del STF. Es evidente, ahora, que ellos le informaron con anticipación a Bolsonaro que la decisión del máximo tribunal sería favorable a la inmediata liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba (capital del estado de Paraná). Ese jueves 17 de octubre, el STF avanzó en las votaciones, pero se detuvo por la noche cuando arrojó un saldo de 5 votos en contra de la libertad del ex mandatario petista y 3 a favor. Se sabía, sin embargo, que ese desequilibrio era transitorio. Así lo probó el resultado de este último jueves, cuando la Corte se pronunció por 6 votos a favor y 5 en contra, por “Lula Libre”.

¿Por qué pasaron tantos días hasta la resolución definitiva? Hay un dato llamativo que contribuye a aclarar las razones. La salida de Lula de su prisión debía ser decidida por un juez de primera instancia. Le correspondía tomar la medida a la jueza Carolina Lebbos, ferviente defensora del Lava Jato y de su principal arquitecto, el entonces magistrado y actual ministro de Justicia, Sergio Moro. Pero ocurre que ella ya había decidido tomar vacaciones en esta fecha, y el juez que la sustituyó decidió la inmediata libertad de Lula, concretada este viernes.

Si a esto se suma la propia declaración oficial de Moro, quién dijo: “Hay que respetar la decisión de la Corte”, es relativamente sencillo colegir que el fin de la prisión del dirigente del PT estaba consensuada de antemano con el jefe del Ejecutivo brasileño. Eso no fue obstáculo para que varias voces oficiales se levantaran contra la excarcelación de ese líder. Fue el caso del general Eduardo Villas Boas, asesor especial de Bolsonaro y ex comandante del Ejército. Escribió: “De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse el poder en mano de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra y a tener vergüenza de ser honesto”. Para Villas Boas, “es preciso mantener la energia que nos mueve en dirección a la paz social, bajo el riesgo de que el pueblo brasileño venga a caer de nuevo en la eventual convulsión social”.

“¿Qué cambia?”, se interrogan muchos a partir de este viernes. Vale la respuesta del analista del diario Estado de Sao Paulo Joao Domingos: “El ex presidente Lula, causa de todo ese barullo en torno al juicio (que anuló la resolución de 2016), pasa a tener desde ahora la libertad de movimientos para continuar haciendo aquello que siempre hizo: política”. De parte de Lula nada permite entrever hostilidades manifiestas contra el gobierno.

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