La presidenta volvió a defender el paquete de ajuste presentado esta semana. Hay rumores de cambios en el gabinete.

En Presidente Prudente, una ciudad del extremo oeste de San Pablo, al que antes se lo consideraba como el “far west” autóctono, Dilma Rousseff volvió a rechazar los intentos de la oposición de acorralar a su gobierno. “Cualquier forma de acortar el camino a la rotación democrática es golpe de Estado. Principalmente cuando se quiere hacer ese camino apenas a través de atajos”, discurseó.

Antes, la presidenta brasileña había cuestionado en una entrevista con una radio local los modos de operar de partidos que revistan en la vereda contraria al oficialismo, especialmente el socialdemócrata: “Brasil tiene solidez institucional. De todos los países que pasaron por dificultades, no se vio a ninguno proponiendo la ruptura democrática como forma de salida de la crisis. Este método de usar la crisis económica como mecanismo para llegar al poder es una versión moderna del golpe”.

Para la jefa de Estado, en su país hay mucha gente que “apuesta a que cuanto peor van las cosas, mejor es para ellos. Pero eso perjudica a la población”. Enfatizó que “fue con gran esfuerzo que se conquistó la democracia, y que su base es la legalidad y legitimidad que da el voto de todos y cada uno de los brasileños”.

Al entregar viviendas que forman parte de uno de sus principales programas sociales, “Mi casa, mi vida”, uno de los que deberán sufrir cortes en el presupuesto del próximo año, Rousseff postuló: “Hoy vivimos un momento de dificultad y tenemos que dar una apretada en el cinturón. Pero eso no quiere decir que debamos cultivar el pesimismo”.

Ocurre que las últimas medidas, que fueron anunciadas el lunes pasado, implican precisamente un tijeretazo en los planes de asistencia que fueron un emblema de los gobiernos de Lula da Silva y de la primera gestión de Rousseff. Y el elemento central para compensar el déficit presupuestario al punto de transformarlo en superávit, sin necesidad de podar todavía más, es de dudosa realización: se trata de un llamado “impuesto al cheque”, que grava todo tipo de operaciones con cuentas corrientes, cajas de ahorro y tarjetas de crédito, con un 0,2%.

Ese tributo, fácil de cobrar, irá a aumentar la carga que pesa sobre todos los ciudadanos. De allí las dificultades para convencer al Congreso de que apruebe el proyecto de recreación del gravamen.

Son esas dificultades las que parecen conducir a Dilma a un inevitable cambio dentro del llamado “núcleo duro” del gobierno. La presidenta precisa reforzar la articulación con las demás fuerzas políticas que componen su coalición; esta sería la precondición para hacer avanzar el reequilibrio de las cuentas brasileñas.

Aun cuando lo haya negado enfáticamente, se sabe que hay una presión para cambiar al ministro jefe de la Casa Civil (jefe de gabinete) Aloizio Mercadante. En principio, se afirma que podría ser sustituido por el actual ministro de Defensa Jacques Wagner o por la ministra de Agricultura Katia Abreu. Se afirma que Rousseff todavía no decidió esa mudanza y que esta tendría lugar después de una conversación que ella mantendrá hoy con el presidente Lula.

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